El juez federal en lo Contencioso Administrativo número 2, Esteban Furnari, dispuso la intervención en la petrolera Oil Combustible y otras empresas del Grupo Indalo, a partir de una causa iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que presentó una medida cautelar de no innovar para evitar la escisión accionaria oportunamente anunciada por sus propietarios Cristóbal López y Fabián De Souza.

La medida impide la escisión del Grupo Indalo, nombra un perito interventor veedor en Oil Combustibles como en sus empresas controlantes Inversora M&S SA y Oil M&S SA, hasta tanto cancele la deuda que mantiene con el fisco de casi 8.000 millones de pesos por la no liquidación del Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles registrada durante los últimos cuatro años.

La decisión se inscribe en una medida cautelar presentada por la AFIP, en la que el organismo recaudador solicitó que la justicia no dé vía libre a la separación de negocios acordada dentro del Grupo Indalo hasta tanto no regularice su situación con el fisco.

El magistrado dispuso -en un fallo de 25 carillas- “que la empresa oil Combustibles SA y sus sociedades controlantes, Inversora M&S SA y Oil M&S se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo y la afectación del crédito fiscal que la primera mantiene con el Fisco Nacional en concepto de Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles”.

Con ese objetivo, el juez ofició a la Inspección General de Justicia “impedir cualquier inscripción que implique el desmembramiento o modificación del estatus jurídico de las empresas” ya sea a través de la transferencia de paquetes accionarios, escisiones, fusiones y todo tipo de reorganización empresaria.

Para velar por el cumplimiento de la medida, Furnari dispuso la designación del perito interventor veedor e informante judicial tanto en relación a la empresa Oil Combustibles SA, como de sus controlantes, función para la cual se nombró al contador Marcelo Fabián Manograsso.

En el fallo, el juez precisó que la vigencia de sus disposiciones “se extenderá hasta tanto Oil Combustibles cancele la deuda que mantiene con el organismo recaudador” estimada la AFIP en su demanda inicial en más de 7.665 millones de pesos más lo que corresponda en concepto de intereses de financiación hasta el efectivo pago de lo adeudado.

Entre los propósitos del veedor, el magistrado precisó que deberá “verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones contraídas por las sociedades controlantes con su controlada” así como “observar la evolución de la situación económico financiera de Oil Combustibles” y “controlar la evolución de las inversiones realizadas con el financiamiento que Inversora M&S y Oil M&S SA habrían obtenido a través de mutuos dinerarios”.

El perito designado deberá también elaborar en 30 días un informe sobre los activos de las sociedades demandadas, sus pasivos, ingresos totales, egresos de todo tipo como sueldos, cargas sociales, inversiones, gastos financieros, mantenimiento y funcionamiento, así como elevar una síntesis de la situación actual económico financiera y patrimonial, y la evaluación de su solvencia.

La presentación de la AFIP se realizó a partir de la difusión pública que hicieron los empresarios López y De Souza de la firma de un memorando de entendimiento en el que acordaron la separación de los negocios que tienen en medios de comunicación, petroleras y juegos, entre otros, tras 20 años de sociedad.

López posee más de un 70 por ciento de Indalo y transfería en el acuerdo las áreas de Medios -que abarca a C5N, las radios Vale, Pop, One (ex TKM), más los matutinos Ambito Financiero, Buenos Aires Herald, El Patagónico (Chubut) y El Ciudadano (Rosario) y Radio 10- y también la petrolera Oil a De Souza, accionista de algo menos de 30 por ciento de la compañía.

Tras el anuncio, la AFIP que reclamaba a Oil Combustible los casi 8.000 millones de pesos en concepto de ITC no transferidos al fisco, planteó la cautelar de no innovar al advertir que “la inminente disolución del Grupo Indaló pone en riesgo la percepción del millonario crédito fiscal y que fuera incorporado en diversos planes de pago como forma de diferir el ingreso a las arcas” del impuesto percibido a los contribuyentes.

En paralelo, hace unos diez días, la titular del Juzgado 11 en lo Penal Económico, María Verónica Straccia, dispuso varios allanamientos en firmas del Grupo Indalo, en el marco de las acciones iniciadas también por la AFIP en la investigación del delito de insolvencia fraudulenta.