Durante un mes estuvo frenada la extracción petrolera en el campo Ocelote, en el departamento del Meta luego de que la Corte Constitucional decretara medidas cautelares.

Sin embargo esta orden fue revocada tras acoger la petición que hicieron la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dado a que se evidenció que el cierre temporal estaba afectando a miles de personas que trabajan en los pozos petroleros y quienes en su mayoría son víctimas del conflicto armado.

Esta petición de cierre se había hecho dado a que la Corte buscaba establecer si se estaba afectando a las comunidades indígenas Sikuani, sin embargo la petrolera indicó que el año pasado extrajo cerca de 16.000 barriles de petróleo de la zona por lo que se podrían hablar de millonarias pérdidas.