Es decir, la compañía con la cual el dueño del Grupo Indalo y su socio Fabián de Sousa se vieron obligado a iniciar un proceso judicial tras haber sido denunciados por la AFIP por supuesta evasión de impuestos. En la justicia además hay causas penales contra el empresario y su socio vinculadas al mismo caso.

Según El Cronista, el empresario patagónico cerró un acuerdo con los dueños de este holding europeo para ceder parte de las acciones de Oil a cambio de no menos de $2000 millones y del otorgamiento de financiamiento que le permitirá cancelar parte de lo que el Estado le reclama como deuda por no haber liquidado alrededor de $8000 millones del impuesto a los combustibles durante la gestión del kirchnerismo.

De acuerdo al organismo que conduce Alberto Abad, Indalo usó el dinero para expandir su imperio empresario durante los últimos 12 años. La denuncia abrió una causa que se encuentra en proceso de investigación y provocó serios problemas comerciales y financieros a Indalo, al punto que debió presentar concurso preventivo para su empresa petrolera.

Ahora, el empresario pretende usar los fondos para sanear parte de la deuda que le reclama la AFIP y cancelar el resto en cuotas, aunque menores a las 60 que podría utilizar si se acoge a una moratoria anunciada por el ente recaudador.

El dinero será aportada por Gunvor, palabra de origen escandinavo que significa "prudente en el combate", algo que López y De Sousa no lograron concretar en su guerra con el gobierno actual.

De todos modos, ambos pretenden que el juez que tiene a cargo la causa los autorice a levantar la convocatoria de acreedores, estrategia que la AFIP pretende invalidar a partir de una resolución que frenaría esta posibilidad. Es que Abad sostiene que, al estar ambos procesados, no pueden solicitar la moratoria.

Sin embargo, desde Indalo anunciaron que apelarán la decisión por entender que ninguno de sus ejecutivos se encuentra hoy procesados, sino investigados por la Justicia. En el entorno del empresario sostienen que la medida de Abad busca enviar un mensaje a la Justicia para que rechace el pedido de levantamiento del concurso preventivo.

"Si la legislación es clara e impide a una persona procesada acogerse a una moratoria, cuál es la necesidad de la medida que toma Abad", sostienen al entender que Abad busca "decirle a la Justicia que no nos permita normalizar los negocios".

De todos modos, los empleados de Indalo acaban de recibir una circular interna donde se les comunica sobre el acuerdo con Gunvor Group, como punto de partida de la normalización de las actividades.

Según la circular, una vez firmado el acuerdo con el grupo europeo, solicitarán acogerse a la moratoria de la AFIP para hacer frente al pago de lo que el ente recaudador de impuestos reclama y que asciende a $8000 millones.