La Oficina Anticorrupción de Argentina decidió hoy avalar que permanezcan en secreto determinadas partes del acuerdo que en 2013 firmaron la petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, y la estadounidense Chevron para la explotación de yacimientos hidrocarburíferos en el sur del país.

Ya el pasado 29 de febrero, YPF, que recientemente entregó a la Justicia una copia de dicho contrato, acusado de contener supuestas cláusulas secretas, reiteró su petición de que se respetase la confidencialidad del mismo, ya que de lo contrario supondría una "desventaja competitiva para la empresa".

La agencia oficial Télam señaló hoy que Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, que depende del ministerio argentino de Justicia, mantuvo un encuentro con el presidente de YPF, Miguel Galuccio, así como con otros directivos de la misma, en medio de la disputa judicial para que ese convenio sea difundido en su totalidad.

Además, añade que en una nota emitida ayer, la Oficina Anticorrupción consideró que los elementos que da la compañía son justificados y que la información brindada está alcanzada por el régimen de excepciones.

La orden para desvelar el acuerdo se produjo a raíz de una demanda iniciada por el legislador socialista Héctor Rubén Giustiniani y otros dirigentes políticos, después de que YPF se negara a brindar información sobre el contrato, sobre todo la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán.

Es así que la Corte Suprema argentina decidió incluir a la petrolera, controlada por el Estado desde la expropiación a la española Repsol en 2012, dentro del alcance de un decreto que reglamenta el acceso a la información pública.

"A criterio de esta Oficina (Anticorrupción), YPF ha fundamentado razonablemente el alcance de las excepciones invocadas. En virtud de lo informado, la cuestión se encuentra sometida a consideración de la Justicia en lo Contencioso Administrativo", dice la nota a la que tuvo acceso Télam.

La Oficina Anticorrupción participa de oficio en la causa porque es autoridad de aplicación del decreto de Acceso a la Información Pública de 2003.

"Este es un gran caso de acceso a la información y la actitud de YPF de convocar e informar es más que positiva. Siempre debería ser así, intentar aclarar antes de llegar a los tribunales", afirmó Alonso.