El oleoducto, una de las dos principales arterias para el transporte y exportación de petróleo colombiano, se encuentra fuera de operación desde hace 37 días. Una vez se copó su capacidad de almacenamiento, el campo Caño Limón, que produce 52 mil barriles por día, interrumpió completamente la producción desde el 6 de marzo.

La parálisis de este campo y de otros cercanos (Chipirón, Rondón y Cosecha), que también evacúan su producción por el oleoducto, tiene un fuerte impacto sobre las comunidades de ese sector del nororiente del país y la inversión social. Solamente en regalías se han dejado de percibir $18.600 millones.

La parálisis del campo Caño Limón pone en riesgo 1.600 empleos (el 70% corresponde a trabajadores que viven en Arauca) y la contratación de bienes y servicios con proveedores araucanos, que anualmente es de $70.000 millones.

Así mismo, los atentados pueden afectar el normal suministro de gas para el nororiente del país, debido a la imposibilidad de evacuar el condensado que produce el campo Gibraltar. Esto obligaría a apagar la planta de gas en los próximos días.

Los ataques guerrilleros causan explosiones que en algunas ocasiones rompen el oleoducto y en otras lo deforman (abolladuras). En ambos casos hay riesgo para la vida de las comunidades y el medio ambiente.

En 2017, las voladuras se han concentrado en Norte de Santander, con 26 atentados en los municipios de El Carmen, El Tarra y Teorama. También se registró un atentado en Arauca (Arauquita) y otro en Boyacá (Cubará).

Además, la arremetida terrorista ha ocasionado derrames de petróleo a fuentes hídricas como las quebradas El Lorito, El Loro y Culebritas, afluentes del río Catatumbo, en límites con Venezuela.

El hecho más reciente se registró anoche en la vereda Minuto de Dios, municipio de El Tarra, Norte de Santander, cuando fue incinerado un carrotanque de una empresa contratista de Ecopetrol.

Esta acción se suma al ataque perpetrado la semana pasada en Cubará, Boyacá, contra una caravana de 10 carrotanques, que dejó herido al conductor de uno de los vehículos.

Ecopetrol rechaza enfáticamente estas acciones terroristas que violan el Derecho Internacional Humanitario, ponen en riesgo la integridad de civiles y miembros de la Fuerza Pública, afectan la normal prestación de servicios públicos esenciales como agua potable y gas domiciliario, y dañan gravemente el medio ambiente.