Pero unos gruesos tubos amarillos envueltos sobre los antiguos equipos son signo de que la antigua planta aún tiene una función que cumplir. En vez de cerrar New Castle, la empresa propietaria de la planta -NRG Energy- decidió convertirla en dos centrales de carbón similares que funcionarán a gas.

La decisión evitó la pérdida de 40 puestos de trabajo en New Castle. "Las perspectivas de algunas de estas centrales [de carbón] eran bastante desoladoras", sostiene Mauricio Gutiérrez, director ejecutivo de NRG. "Ahora nos representan inversiones muy exitosas".

Además de reducir las emisiones, el cambio de combustible permitió que las centrales siguiesen siendo competitivas frente a las generadoras, gracias al gas de bajo costo que fluye en abundancia desde la formación de esquisto (shale) Marcellus Shale de la Cuenca de los Apalaches, el yacimiento gasífero más importante de Estados Unidos.

Sin embargo, las buenas noticias para los trabajadores de New Castle conllevan un mensaje no tan halagüeño para los mineros de carbón de Estados Unidos. Durante décadas, la central fue un cliente confiable de carbón estadounidense, con un flujo constante de camiones que llegaban para entregar combustible. Esa demanda ya no existe ni volverá jamás.

New Castle representa una tendencia que se ha generalizado en Estados Unidos desde que los precios del gas natural en el país empezaron a caer en picada en 2008: el cierre de las centrales de carbón y su reemplazo con alternativas de gas y energía renovables, entre las que se incluyen la energía eólica y la solar. El exceso de gas proveniente de la revolución del shale mantuvo los precios bajos, lo cual significa que la generación a gas suele ser más competitiva que las centrales de carbón. En 2010, Estados Unidos generó casi la mitad de su electricidad a partir del carbón. El año pasado, eso se redujo a un 30%.

Trump hizo una fuerte campaña para revivir la industria carbonífera del país. "Si gano, vamos a devolver el puesto de trabajo a esos mineros", dijo en un discurso en Virginia Occidental en mayo del año pasado.

El martes, Trump firmó un decreto ejecutivo para cumplir esa promesa. Puso en marcha procedimientos para eliminar gran parte del marco legal que su predecesor Barack Obama había implementado para abordar la amenaza del cambio climático. En particular, apuntó al Plan de Energía Limpia de Obama, las reglamentaciones que tenían por objeto reducir las emisiones de dióxido de carbono derivadas de la generación de electricidad, y que se esperaba que acelerasen el cierre de las centrales de carbón.

"Saben lo que dice, ¿no?" Trump preguntó al grupo de mineros que asistieron a la firma del decreto. "Van a recuperar su trabajo".

Sin embargo, lo cierto es que a pesar del anuncio de Trump, difícilmente se recuperen puestos de trabajo en la industria carbonífera. Como mucho, sus intentos de eliminar reglamentaciones podrían frenar la caída de la industria por un tiempo. Si el gobierno realmente quiere lograr que la minería de carbón de un vuelco, posiblemente deba adoptar ideas que han surgido en algunos estados y empezar a utilizar reglamentaciones y la ley para atacar a la energía renovable.

Un rival renovable
Gutiérrez, de NRG, sostiene que cualquiera sea la medida que adoptara la administración Trump, no esperaba que esta detuviese el viraje de la industria estadounidense hacia fuentes de baja emisión. "Por supuesto que [el gobierno de Trump] hace la diferencia. Lo tendremos en cuenta. Pero cualquier decisión de inversión que tomemos será a 15, 20, 30 años", señala el ejecutivo. "Vamos a depender cada vez más del gas natural y las energías renovables".

Los costos bajos de la energía solar y eólica están convirtiendo estos recursos en potentes rivales del carbón. Moody's, la agencia de calificación, dijo en un informe la semana pasada que en los estados de las Grandes Llanuras, al este de las Montañas Rocosas, la energía eólica cuesta unos u$s 20 por MWh, en comparación con los cerca de u$s 30 por MWh a los que ascienden solamente los costos de funcionamiento de las plantas de carbón existentes. El informe planteó la posibilidad de que muchas plantas de carbón de Estados Unidos pudiesen convertirse en "activos inmovilizados" y volverse económicamente inviables mucho antes del final de su vida útil.

La Administración de Información de Energía (EIA) proyectó en 2016 que, de implementarse como Obama hubiese querido, el Plan de Energía Limpia llevaría a una continua caída de la producción de carbón en Estados Unidos después de 2020 y al crecimiento sostenido de la energía renovable. Sin el plan, la EIA considera que la producción de carbón apenas se recuperará hasta 2020, luego se estabilizará y se mantendrá en los niveles actuales hasta 2040, mientras que la energía renovable seguirá creciendo, aunque a un ritmo más lento.

Sin embargo, la EIA ha subestimado con frecuencia el crecimiento de la energía renovable en sus pronósticos. Jules Kortenhorst, director ejecutivo del Rocky Mountain Institute, un grupo ambientalista que trabaja con empresas, considera que la reducción de las emisiones en Estados Unidos está "en gran medida bloqueada" debido al viraje desde el carbón hacia el gas y las energías renovables. "Tengo el presentimiento de que el resultado al final superará los objetivos del Clean Power Plan [de Obama]", señala Kortenhorst.

Por otro lado, la American Coalition for Clean Coal Electricity (ACCCE), coalición que representa a las centrales eléctricas alimentadas a carbón, elogió el decreto de Trump del martes, y describió el Plan de Energía Limpia como "la cara publicitaria de regulaciones que son innecesariamente caras y no generan beneficios medioambientales significativos". Pero la ACCCE está, sin duda, a la defensiva.

Paul Bailey, director ejecutivo de la coalición, sostiene que desde 2010 las centrales eléctricas anunciaron el cierre de cerca de 99.000 MW en instalaciones alimentadas por carbón, lo que equivale aproximadamente a un tercio de la flota. De esa capacidad, ya se eliminaron 51.000 MW, pero se prevé que otros 23.000 MW de capacidad se cierren en los próximos cuatro años, y esa es la parte que la ACCCE espera que la administración Trump pueda ahorrar.
Empleos que no se recuperan
En algunos estados, los partidarios del carbón decidieron que el tipo de desregulación de apoyo que persigue Trump no es suficiente y han pedido cambios fiscales y normativos para atacar la energía renovable. Wyoming tiene un pequeño impuesto sobre la generación eólica y la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, propuso otro a una tasa mucho más elevada. En Dakota del Norte, el intento de aplicar una moratoria de dos años en nuevos parques eólicos logró algunos avances antes de ser rechazada por el senado del estado. Sin embargo, hay muchos más estados que tienen políticas favorables a las energías renovables, lo que aumenta la dificultad de revitalizar el sector del carbón.

Otro aspecto que dificulta la situación es que, incluso si se pudiera reavivar la demanda, los principales beneficiarios serían probablemente las minas de menor costo: las grandes minas a cielo abierto de la cuenca del Río Powder de Wyoming y Montana.

Las diferencias en términos de productividad son asombrosas. En 2015 las minas de Pensilvania produjeron en promedio 3,61 toneladas cortas de carbón por trabajador por hora. Según la EIA, los mineros de la Cuenca del Río Powder produjeron ocho veces más, a razón de 29,3 toneladas cortas por persona por hora. Incluso teniendo en cuenta los costos de transporte y las diferencias de calidad, esa cifra representa una gran desventaja para las minas de los Apalaches, y otra razón por la cual es poco probable que las promesas de Trump se cumplan.