Faltando tres semanas para que Petro-Perú vuelva a producir petróleo y gas merced a su asociación forzosa con Graña y Montero (GyM) en los lotes III y IV (Talara), el Gobierno habría decidido revaluar la conveniencia de este negocio para el país. En efecto, mientras la estatal cuenta los días que la separan del 5 de abril, fecha en la que debería asumir la coadministración de ambos lotes, el Ministerio de Energía y Minas(Minem) habría resuelto objetar la validez de dicho contrato.

Así, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Minem devolvió a Perú-Petro los expedientes de ambos lotes aduciendo que estos “fallan en sustentar que la participación de Petro-Perú no colisionará con la Ley 30130 (Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, el principal activo de la empresa) ”.

Cabe señalar que Perú-Petro, en su calidad de supervisor de los contratos petroleros, tiene como atribución decidir si una empresa califica para explorar o explotar un lote. Como tal, calificó positivamente a Petro-Perú para coasumir la administración de los lotes III y IV con el 25% de participación.

El Minem habría considerado que Perú-Petro ha sido poco riguroso al conceder dicha calificación, sobre todo cuando la Ley 30130 establece un ‘candado’ a este tipo de iniciativas. Como se sabe, el Ministerio de Energía y Finanzas (MEF) impuso esta norma para obligar a Petro-Perú a ceñirse al proyecto de modernización de la refinería de Talara y evitar que distraiga esfuerzos en otros proyectos de riesgo.

NUEVO GIRO
Fuentes cercanas a la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, indicaron que la observación no es casual, ya que su administración estaría apuntando a limitar, antes que a alentar, la participación de Petro-Perú en la explotación. Esto iría en contra de los lineamientos del ex ministro Eleodoro Mayorga, que estaba convencido del retorno de la petrolera estatal a la producción, debido a que este negocio, pese a que es de riesgo, permitiría a Petro-Perú tener mayores rentas.

Según indicaron las fuentes, esta visión no cancelaría –pese a la observación de la DGH– el ingreso de la petrolera estatal a los lotes III y IV en asociación con GyM, porque el financiamiento de las operaciones procedería del flujo de caja. Pero sí habría un interés explícito en detener su participación en el lote 192 (antes 1AB), que requerirá una fuerte inyección de capital para realizar nuevas inversiones, debido a que se trata de una operación mucho más grande.

En ese sentido, la ministra Ortiz estaría alineada con el MEF para reducir los riesgos y hacer cumplir la Ley 30130 al pie de la letra.

Por lo pronto, la objeción interpuesta por Omar Chambergo, nuevo encargado de la DGH, ha trabado el trámite de los decretos supremos que deberían refrendar el ingreso de Petro-Perú a los lotes III y IV.

Trascendió que la petrolera estatal ya ha justificado por escrito las objeciones de la DGH, mientras que los abogados de Perú-Petro han indicado al Minem que este organismo no puede poner en duda las decisiones autónomas de los directorios de Petro-Perú y Perú-Petro. El caso es que ambos directorios ya están siendo reformados, del mismo modo que lo ha sido la plana mayor del Minem, como anticipamos en este Diario hace tres semanas.

Cabe recordar que Petro-Perú también tiene pendiente un contrato de asociación con GeoPark para la exploración y desarrollo del lote 64 (Loreto), el cual aún no es refrendado ni por el MEF ni por el Minem y que también sería suspendido.