La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, prometió investigar "con el máximo rigor" las denuncias de irregularidades en la petrolera Petrobras, pero advirtió que reaccionará a la "campaña negativa" de los que "no dudan en denigrar la imagen de esta empresa".

"No transigiré en combatir todos los tipos de errores, acciones criminales, tráfico de influencia, corrupción o ilegalidades de cualquier especie... Pero tampoco escucharé callada la campaña negativa de los que, buscando beneficios políticos, no dudan en denigrar la imagen de esta empresa", afirmó Rousseff.

La mandataria aludió así a las presiones de los partidos de oposición para la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre varias denuncias que involucran a la petrolera controlada por el Estado, pero que también tiene acciones negociadas en las bolsas de valores.

"No podemos permitir (...) que usen acciones individuales y puntuales -aun cuando sean graves- para intentar disminuir la imagen de nuestra mayor empresa, de nuestra empresa madre", subrayó la presidente en un discurso pronunciado en la nororiental ciudad de Ipojuca, donde participó en la ceremonia de bautismo de dos nuevos buques petroleros.

"Más que una empresa, Petrobras es un símbolo de la lucha de nuestro pueblo, de la afirmación de nuestro país y uno de los máximos patrimonios de cada uno de los 200 millones de brasileños", agregó.

La petrolera estatal, creada en 1953 por el entonces presidente Getulio Vargas, estuvo estas últimas semanas en el centro de una ola de sospechas de irregularidades que se inició en marzo, luego de que la propia Rousseff admitiera problemas en el proceso de compra de una refinería en Pasadena, Estados Unidos. La petrolera brasileña pagó más de 1.200 millones de dólares para asumir el control de la planta en Texas, que en 2005 había sido adquirida por el grupo belga Astra Oil por 42,5 millones de dólares.

A estos casos se sumó el arresto de un ex director de Petrobras, Paulo Roberto Costa, en el marco de un operativo de la policía federal destinado a desmantelar una red de lavado de dinero y evasión de divisas que habría movido unos 4.250 millones de dólares en los últimos tres años.

Las investigaciones policiales buscan confirmar o desmentir los supuestos nexos de Costa con un importante miembro de la red ilegal -el cambista Alberto Yousseff-, así como una posible actuación conjunta de ambos para recaudar dinero de empresas para campañas políticas, en su abrumadora mayoría, de oficialistas.