La decisión de YPF de no presentarse a la última licitación de áreas exploratorias en la provincia de Mendoza ha suscitado un debate que excede a la compañía, y se adentra en discusiones en torno al rol de la Nación y las Provincias en el ejercicio de la política petrolera nacional.

En relación a la licitación de áreas, es oportuno recordar que YPF es una compañía con múltiples accionistas, entre los que se destaca el Estado argentino, con el 51% de las acciones en cabeza de la Nación y las provincias productoras. Naturalmente, YPF no está obligada a participar de todas las rondas licitatorias de áreas exploratorias del país. En cada caso, y dada su estrategia de inversión y producción para los próximos años, YPF evalúa no solamente el potencial de reservas de las áreas en cuestión, sino también el esquema económico contenido en el llamado a concurso, que en definitiva determina la rentabilidad de los proyectos.

En el caso que nos ocupa, la provincia de Mendoza ha decidido modificar el esquema tradicional de licitación de áreas exploratorias, que identifica a la inversión proyectada como variable central a la hora de calificar las ofertas admisibles. La maximización de la inversión exploratoria es importante porque beneficia no solamente a la empresa que ejecuta los registros sísmicos y perfora los pozos, sino que al incorporar valiosa información sobre nuestro subsuelo, constituye un aporte a las propias provincias como poder concedente, y al conjunto de la sociedad.

En este concurso, Mendoza redujo la importancia relativa de la inversión y construyó un mecanismo de evaluación de ofertas en el que privilegia el porcentaje de participación otorgado por los oferentes a Emesa, la empresa provincial de hidrocarburos.

Adicionalmente, en los pliegos del concurso plantean un esquema conocido como “acarreo”, por el cual Emesa pretende un cierto porcentaje de participación en los proyectos exploratorios y de producción pero sin hacer aportes de capital, adueñándose de la mayor proporción de los resultados del proyecto y eludiendo el riesgo exploratorio, que recae enteramente en sus socios.

Este esquema afecta significativamente la rentabilidad y la viabilidad de los proyectos, ya que los socios que verdaderamente invierten deben soportar no solamente el costo del capital asociado a su participación en el proyecto, sino también aportar los fondos que Emesa no invierte.

Es importante destacar que YPF está dispuesta a asociarse con Emesa y con otras empresas provinciales en proyectos exploratorios y productivos, siempre y cuando esas empresas compartan con YPF (y con otros socios si los hubiere) el esfuerzo inversor que esos proyectos requieren, en proporciones consistentes con las participaciones en las áreas.

Algunos dicen que con el esquema de “acarreo” las empresas provinciales lograrán incrementar la participación de las provincias en la renta petrolera. Pero para que esa renta pueda repartirse tiene que haber producción, y para que haya producción tienen que existir proyectos rentables y con un adecuado balance de esfuerzo y recompensas entre los socios. De lo contrario, los proyectos no son viables, y es por ello que YPF decidió no presentarse en el concurso de Mendoza.

La legislación de hidrocarburos en la Argentina consagra a las regalías sobre la producción como el mecanismo de participación del Estado en la renta petrolera. Mendoza ha experimentado un importante incremento en sus ingresos por regalías, impulsado fundamentalmente por la mayor actividad de YPF, cuyos pagos a la Provincia en concepto de regalías crecieron un 46% en dos años, y representan el 73% del total recibido por Mendoza.

En la medida en que las reglas de juego para los proyectos exploratorios sean razonables y atractivos, Mendoza recibirá más inversión de YPF y de otras empresas, y en el futuro obtendrá más ingresos por regalías que mejorarán sus finanzas. Pero si la decisión es sostener a una empresa provincial a cualquier costo, incluso a expensas del pleno desarrollo de los recursos hidrocarburíferos con los que cuenta Mendoza, YPF no puede acompañar esa estrategia.

Finalmente, un breve comentario respecto al supuesto conflicto ente YPF y las provincias en torno a la propiedad de los recursos. Es descabellado suponer que YPF cuestiona la disposición constitucional que establece el dominio provincial de los hidrocarburos en sus territorios, y la consecuente participación en la renta. YPF, cuya mayoría accionaria estatal comparten la Nación y las Provincias productoras, ha asumido el liderazgo en el proceso de revertir la declinación productiva de gas y petróleo, con resultados positivos que son ampliamente conocidos.

En ese contexto, YPF trabaja para que todos -industria, Provincias y Nación- encontremos un esquema equilibrado que no se pierda en mezquindades y disputas de poder, y que tenga como norte potenciar las inversiones privadas y públicas en todo el país, para revertir cuanto antes el desequilibrio energético que tanto nos cuesta a todos los argentinos en términos de divisas y de recursos fiscales.

Escrito por Adolfo Sánchez. Gerente de Asuntos Públicos - YPF Mendoza.