Proyectos de leyes provinciales y amenazas con una nueva ley nacional. El debate legal enmascara un debate económico de fondo. Neuquén, a la cabeza de las provincias petroleras, vuelve a disputar con la Nación el reparto de la renta del petróleo y el gas de sus yacimientos. La expropiación de YPF, consentida y avalada por los estados productores, encendió una mecha que puede hacer estallar el régimen federal de los hidrocarburos. Para evitarlo, hay que sancionar una nueva ley de fondo que exprese amplios consensos y que reconcilie los legítimos derechos provinciales sobre el subsuelo con la necesidad de una política petrolera nacional que dé previsibilidad al régimen de apropiación y distribución de la renta petrolera.

Con la ley de "soberanía hidrocarburífera" 26.741, de 2012, el Estado nacional recuperó el control de YPF, pero en el marco de un régimen de dominio federal de los hidrocarburos (los yacimientos onshore pertenecen a las provincias). Esa ley y sobre todo su decreto reglamentario 1277 iniciaron un camino de retorno hacia un régimen de dominio nacional. Chevron se asoció a YPF en el marco de un decreto y de un contrato que establece condiciones especiales para una nueva concesión y que a su vez obliga a una nueva prórroga (no prevista en la ley vigente) de una concesión ya prorrogada. Cuando la provincia de Neuquén se resignó a convalidar las condiciones de un decreto nacional y un contrato ajustado a la negociación que hizo YPF estaba estableciendo un precedente a futuro. Era obvio que YPF y la Nación iban a ir por más, sobre todo si la nueva YPF vuelve a tener pretensiones de convertirse en brazo ejecutor de una política nacional de petróleo. La colisión de intereses con los estados provinciales presagia una nueva escalada porque, por distintas razones, en el Gobierno y en la oposición muchos plantean una reversión al régimen de dominio nacional que se impuso en 1949. En el mientras tanto, hay serios riesgos de que la puja paralice el escenario de certidumbre y largo plazo que una nueva política debe ofrecer a los potenciales inversores.

Para zanjar la disputa y generar consensos, primero hay que entender que el debate de fondo no es jurídico, es económico. Todos los vaivenes en el dominio originario y en las formas de explotación implican transacciones sobre la apropiación y distribución de la renta (precio de oportunidad menos costos). La renta depende de la productividad de los yacimientos, pero también de las políticas públicas. Si se politizan los precios y la inestabilidad vuelve erráticos los costos, las empresas (sean estatales o privadas) sobreexplotan los yacimientos en producción (estén bajo dominio nacional o provincial) y hacen mínima inversión en reponer reservas. Como ha estado ocurriendo en estos años.

Es necesaria una nueva ley, pero no impuesta por mayorías circunstanciales, sino producto de amplios consensos entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y entre la Nación y las provincias. La ley debe contemplar reglas que den transparencia y previsibilidad de largo plazo a los mecanismos de apropiación y distribución de la renta. La nueva YPF, las empresas provinciales y las compañías privadas deben acceder a la adjudicación de derechos en procesos licitatorios competitivos y transparentes donde se califiquen los antecedentes técnicos y económicos.

YPF debe preservar autonomía de gestión y mantener parte de su capital en las bolsas internacionales, pero tiene que competir adentro para poder competir afuera. No debe haber monopolio de áreas asignadas a una empresa ni asociaciones forzadas (esto vale para Enarsa en el mar continental).

Parte de la renta futura a ser apropiada por la Nación y las provincias deberá acumularse en un fondo de uso intergeneracional. La ley que plasme estos consensos básicos debería erigirse en uno de los pilares de una nueva política de Estado en energía