La ministra de Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia, aseguró hoy que su Gobierno no escatimará ningún esfuerzo para convertir en "exitoso" un proyecto de explotación petrolera en el Yasuní, un sector de la selva amazónica considerado uno de los lugares de mayor concentración de biodiversidad del planeta.

"No se escatimarán esfuerzos para que este proyecto sea exitoso (...) y sea visto como un referente internacional" de responsabilidad social y ambiental, dijo Tapia en una entrevista con Efe, en relación al polémico proyecto Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT).

Tapia firmó esta semana la licencia ambiental que da luz verde a la explotación de los campos Tambococha y Tiputini (Bloque 43), ubicados en un vértice del Parque Nacional Yasuní, una región declarada como reserva de la biosfera, pero excluyó al campo Ishpingo.

El proyecto ha generado duras críticas de varios colectivos ecologistas, de indígenas y de políticos de la oposición que temen que la actividad petrolífera cause graves daños en esa área protegida.

Para la ministra, en cambio, el proyecto es "es una oportunidad" en la que Ecuador tiene el reto importante de combinar una "actividad (petrolera) responsable" que genere un "mínimo impacto" ambiental.

El Gobierno ecuatoriano lanzó en 2007 una iniciativa para no explotar el ITT a cambio de una compensación económica de la comunidad internacional, la cual no logró concretarse.

Tras el fracaso de esa propuesta, el Ejecutivo del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, echó a andar el denominado "plan B", que supone la explotación del bloque ITT con la mayor responsabilidad ambiental y social posible, afectando un área menor al uno por mil del millón de hectáreas que forman el Yasuní.

El Gobierno justifica el proyecto petrolero por los importantes recursos que obtendría de la explotación de casi mil millones de barriles de crudo que calcula que yacen en el ITT.

El Parlamento ecuatoriano, en este año, declaró de interés nacional el proyecto, lo que permite la explotación de crudo en esa área protegida por parte de la empresa estatal Petroamazonas.

Tapia indicó que su cartera ha levantado una línea de base ambiental propia, además de la información hidrológica y científica hecha por otras entidades académicas en la zona, lo que "dará mayor fortaleza en el control y fiscalización" de la operación.

El ministerio, agregó, invertirá más de seis millones de dólares en completar un programa de seguimiento y control que incluye el uso de infraestructuras adecuadas con la mejor tecnología de vigilancia ambiental y la utilización de drones (aviones no tripulados).

Asimismo, destacó que el control ambiental incluye una veeduría internacional con la participación de científicos que contribuirán a la vigilancia.

"Se han hecho contactos con universidades de prestigio en el mundo", entre ellas, la de Yale (EE.UU.) con su Escuela Forestal, añadió Tapia.

Además, dijo que "la veeduría nacional está activada" y se ha creado una plataforma en internet, denominada "Yasuní transparente", en la que se colocará toda la información del seguimiento, no sólo del bloque 43, sino de todo el Parque Nacional Yasuní.

El Yasuní abarca casi un millón de hectáreas, mientras que el Bloque 43 sólo 500, precisó la ministra, al señalar que la superficie máxima que se afectará con el proyecto petrolero es de 200 hectáreas.

El control en esa área incluye colchones de amortiguación ambiental en el perímetro, mientras que en la ingeniería industrial Petroamazonas usará tecnología de punta para minimizar riesgos, como tuberías verdes y válvulas automatizadas con alarmas por eventuales variaciones de presión, entre otras, explicó Tapia.

En unos cuatro o cinco meses empezará la obra civil, con la construcción de campamentos y otras infraestructuras, pero ese trabajo, así como toda la operación, deberá realizarse con la menor intervención en los bosques primarios, añadió la ministra.

Además, dijo que en la zona se construirá infraestructura de extracción y de transporte, mas no de procesamiento de hidrocarburos.

El éxito de la verificación ambiental radica en la "coordinación entre el operador, la autoridad ambiental y las comunidades", agregó la ministra.