Luego de la creciente tensión que se originó en las últimas semanas entre la empresa estatal YPF y las provincias petroleras con relación al manejo de la riqueza hidrocarburífera, mañana se celebrará una reunión clave entre los gobernadores de las provincias petroleras y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que se espera se comience a destrabar el conflicto.

El punto central de la disputa es definir quién tiene el poder de fijar la política petrolera y la legislación que dará marco al asunto: YPF en forma conjunta con la Nación o las provincias. En el fondo se discute un negocio multimillonario sobre cómo regular y distribuir la renta petrolera que reporta la extracción del petróleo y del gas.

La visión de Andes Energía 
Con relación al tema se expresó Nicolás Mallo Huergo, presidente de Andes Energía, una de las empresas petroleras que tienen licitaciones en Mendoza. 

“Las provincias e YPF deben llegar a un acuerdo. Sin que existan privilegios para nadie y sin perjudicar a las provincias es necesario que las partes lleguen a un entendimiento para facilitar la inversión y lograr el desarrollo. El desafío es encontrar una fórmula en la que todos ganen”, sintetizó.

De esta manera el titular de la firma dejó en claro que la falta de entendimiento entre las partes frenará las inversiones y las futuras explotaciones en las áreas petroleras locales. 

Señales políticas
En este conflicto las señales políticas que se dan son una cuestión central. Si los estados provinciales y el Gobierno nacional no se ponen de acuerdo en la política regulatoria a seguir, se espanta a los inversores y por lógica  se desmorona todo el negocio. 

Por esta razón, el encuentro entre la Presidenta y los diez gobernadores que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que está previsto para las 18 de mañana en la quinta  presidencial de Olivos, es central para intentar llegar a un acuerdo. 

Posiciones
El origen de la disputa entre las provincias y la empresa estatal comenzó a fines de mayo cuando el oficialismo nacional propuso en el Congreso nacional avanzar en la discusión de una nueva legislación que ordene la  política hidrocarburífera del país. 

Dos senadores, el presidente del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Pichetto, y el a su vez dirigente sindical petrolero Guillermo Pereyra señalaron desde el recinto de la Cámara Alta la necesidad de cambiar la  vieja Ley de Hidrocarburos, que data de los años ’60, para adecuarla a la actualidad. 

Las provincias petroleras reaccionaron ante la iniciativa porque consideran que cualquier reforma irá en contra de sus intereses. Primero lo hizo el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y luego el gobernador de Mendoza,  Francisco Pérez. 

Ambos defendieron las acciones realizadas a través de las empresas provinciales de energía. Justamente los planteos que realizaron los legisladores nacionales cuestionaron el rol de las empresas provinciales de energía  en el negocio petrolero y recogieron así la tesis planteada por el CEO de YPF, Miguel Galuccio, de que estas firmas desalientan la inversión y quitan rentabilidad a la exploración y explotación de nuevas áreas. 

A partir de esta  iniciativa las provincias petroleras se pusieron en pie de guerra, y luego de varias reuniones mantenidas con funcionarios nacionales tendrán ahora la oportunidad de retomar el diálogo en el encuentro de  mañana.