Ayer entró en vigor el acuerdo entre México y Estados Unidos para la explotación de los yacimientos transfronterizos de petróleo y gas natural ubicados en el Golfo de México.

El acuerdo, firmado desde el anterior gobierno, el 20 de febrero de 2012, y ratificado por el Senado el 12 de abril de ese mismo año, fue decretado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Establece la exploración y explotación conjunta en cada lado de la Línea de Delimitación entre ambos países y la distribución asociada de la producción que resulte de los recursos de hidrocarburos extraídos de los yacimientos que se extienden en el límite de la plataforma continental de México y Estados Unidos.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación, señala que ambas naciones desean establecer un marco jurídico para explotar de manera segura, eficiente, equitativa y ambientalmente responsable los yacimientos transfronterizos que puedan existir en sus fronteras marítimas.

Los yacimientos que estén más allá de nueve millas náuticas del litoral de los dos países y que sean explotables, total o parcialmente, desde ambos lados de la Línea de Delimitación México-Estados Unidos serán sujetos del pacto que establece la obligación de los dos países de notificar al otro cuando conozca la existencia de un yacimiento dentro de las tres millas continuas a la Línea de Delimitación y si existe un plan para perforar un pozo por parte de cualquier licenciatario.

Cualquier exploración o explotación conjunta de un yacimiento transfronterizo deberá ser aprobada por los dos países mediante un acuerdo de unificación, que incluirá las disposiciones sobre la transferencia de participaciones, la medición precisa de la producción y los “procedimientos para garantizar pagos precisos de regalías y otras recaudaciones”.

El texto señala que no puede empezar a producirse hidrocarburo alguno sin acuerdo entre ambas partes, y en caso de determinarse la existencia de un yacimiento transfronterizo, cuya producción ya inició, entonces la autoridad ejecutiva del país “deberá tomar las medidas que considere adecuadas bajo su legislación nacional para disponer que la continuación de la producción no perjudique indebidamente la aplicación de este acuerdo”.

El documento hace posible los acuerdos de Operación de la Unidad para establecer derechos y obligaciones, “incluyendo los no limitados a la distribución de costos y responsabilidades y de los beneficios derivados de las operaciones”. También se incluyen en el tratado los temas de las instalaciones, como buques de perforación, plataformas fijas o flotantes, unidades de almacenamientos, cabezales de pozos, ductos de recolección y cableado, además de cualquier buque de almacenamiento para transferir la producción a una instalación costa afuera.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó el 3 de mayo de 2013 que con el acuerdo las empresas de ese país podrán explorar nuevas oportunidades de negocio y realizar proyectos con Petróleos Mexicanos (Pemex), al activar zonas de exploración y exploración dentro de la jurisdicción estadunidense, otorgando certidumbre para la inversión de las compañías.

“El acuerdo establece un marco jurídico que fomenta la unificación de las reservas marítimas transfronterizas. Una vez que entre en vigor, concluirá la moratoria actual sobre la exploración y producción del petróleo a lo largo de la frontera en la porción occidental del Golfo de México”, señaló el Departamento de Estado en una tarjeta informativa.