El sector de los hidrocarburos ha tenido inmensos avances en los últimos años, que permiten avizorar un futuro mejor. La ley con el objetivo de autoabastecimiento en hidrocarburos en el marco de un proyecto de soberanía energética, la nacionalización del 51 por ciento de las acciones de YPF, la sanción de normas obligando a las empresas a informar sobre sus inversiones, el acuerdo con Chevron con el fin de romper el cerco tendido a YPF luego de aquella expropiación, el acuerdo amistoso con Repsol para finalizar un proceso conflictivo que allana el camino hacia nuevas inversiones, el reciente recambio de autoridades en este sector, son todas medidas que permiten confiar en la consolidación de este camino.

En este proceso, los desafíos a vencer son todavía importantes y es necesario conocerlos para entender su dificultad. Es posible mencionar algunos de ellos considerados centrales.

En primer lugar, la promesa de Vaca Muerta y la explotación de sus yacimientos por métodos no convencionales es una epopeya que puede resolver innumerables problemas a futuro, ya que sus efectos se verán en el mediano y largo plazo. Ello requiere inversiones de magnitud desde ahora y una política de Estado que combine esos aportes con el interés nacional. Equilibrio, este último, de difícil y trabajoso alcance, por lo que se impone un debate nacional al respecto. En el medio está el peligro de restar esfuerzos a la explotación de los yacimientos actuales, convencionales, especialmente de gas, de los cuales se nutre hoy la producción nacional. Estos reservorios tienen mucho que dar todavía, a partir de inversión en tecnologías de extracción que están disponibles.

En segundo lugar, otro desafío reside en vencer la tendencia a la primarización de la economía que puede resultar de esta nueva fórmula de producción de combustibles. La respuesta lógica a esta dificultad es un esfuerzo en la promoción de la industria nacional de servicios y suministros a esta explotación no convencional. Lo cual no requiere tecnologías sofisticadas sino magnitudes de producción importantes. De esta manera se evitarían importaciones que acentúen un cuadro de extranjerización de la economía que ya es preocupante.

En tercer lugar, se aprecia que para el funcionamiento adecuado del sector surge una importante dificultad en el aparato estatal de fiscalización, regulación y planeamiento. A diferencia del sector eléctrico, el área de los hidrocarburos no cuenta con el respaldo de una instancia estatal de la dimensión requerida para esos fines. Eso entorpece, y puede frustrar, la ejecución de las políticas que se diseñen para este sector esencial de la economía. Se estima imprescindible la creación de un ente para cumplir con ese rol obligatorio del Estado, sin perjuicio de fortalecer la Secretaría de Energía mientras se procede a la instalación de aquella autoridad.

Finalmente, debe debatirse la distribución de la renta de un recurso no renovable, como son los hidrocarburos, que en su momento se terminarán agotando. En ese sentido, no se advierte la discusión sobre qué porción quedará para el conjunto de los argentinos. Ello, más allá de si de esa renta será apropiada por la Nación o las provincias, en el entendimiento de que ambas deben formar parte de esa distribución, conforme a los principios constitucionales.

La participación estatal en la renta de los recursos naturales, especialmente en los hidrocarburos, es habitual en porcentajes significativos en todas las legislaciones del mundo. Este tema delicado exige un equilibrio entre esa pretensión fundamental de los países sobre sus recursos, con la necesidad de fuertes inversiones en pos del autoabastecimiento. Balance que no puede dirimirse con la ausencia actual de participación nacional en la renta. No puede considerarse tal el sistema de retención a los hidrocarburos, que fue sancionado con otros fines, está en constante proceso de revisión y basado en decretos. Carece por lo tanto de la seguridad otorgada por una ley, que transmite claridad a toda la sociedad y también a los inversores.

En definitiva, la perspectiva de sanción de una nueva ley sobre los hidrocarburos es una oportunidad para considerar estas cuestiones centrales no resueltas por medio de un debate nacional que dé cuenta de la relevante incidencia que esta temática tendrá en el futuro de todos los argentinos.

* Especialista en energía y recursos naturales.

Integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz