Algunos miembros de la Legislatura de Chubut intentaron infructuosamente la semana pasada que se abriera un debate en relación con la causa que sigue el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobre el presunto pago de sobornos por parte de Pan American Energy (PAE) para lograr en 2007 la renovación del contrato del yacimiento Cerro Dragón por 40 años hasta 2047.

Según informa Ámbito Financiero, la causa llegó a ese juzgado en el primer semestre de 2014, cuando el ministro Julio De Vido se presentó buscando demostrar que está desvinculado de la extensión del contrato realizada en 2007 por el exgobernador Mario Das Neves. El funcionario nacional había sido incluido en una autodenuncia realizada aparentemente ante la Securities and Exchange Commission (SEC) por un exagente del JP Morgan, Hernán Arbizu.

Ahora el fiscal Guillermo Marijuan y Canicoba Corral están presentando un exhorto en la SEC para conocer las actuaciones que se realizan por Arbizu y por una presunta autodenuncia de BP (British Petroleum) ante ese organismo que también estaría relacionada con Cerro Dragón.

"Una de las claves en la investigación que está realizando el fiscal Guillermo Marijuan por el supuesto pago de sobornos para la extensión del contrato de Cerro Dragón por 40 años es poder demostrar la relación entre Río al Sur y Barrancas Sur con Pan American Energy (PAE)", dijo Carlos Lorenzo, que en 2007 fue uno de los tres miembros de la Legislatura provincial que votó en contra de la renovación del contrato de Cerro Dragón que vencía en 2017.

En opinión de Lorenzo, "la triangulación de las áreas, que serían la vía para el pago de las coimas, se pone en marcha en 2006 y se activa en 2009". Para justificar esta afirmación el ex legislador explicó que dos decretos provinciales de 2006 entregan permisos de exploración sobre 10 áreas marginales al consorcio Cliveden Petróleo Argentina del holding Vila-Manzano.

Lorenzo reseñó que tres de esos bloques -Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios-, que, según se cree, son la vía de los sobornos, fueron cedidos en abril de 2007 al consorcio Río al Sur y Barranca Sur, y "sobre esta última siempre se sospechó que era una subsidiaria de PAE".

"El 24 de mayo de 2007 se votó el contrato de Cerro Dragón en la Legislatura de Chubut", dijo Lorenzo "e inmediatamente presenté dos denuncias penales que no prosperaron". "Luego -explicó-, entre enero y marzo de 2008, Río al Sur cambió de denominación a Northwood Argentina y Barranca Sur pasó a llamarse Basur Desarrollo Energéticos". "Y son Northwood y Basur las que ceden los derechos de las mismas tres áreas a PAE" .

Por el otro carril, de las adjudicaciones hechas por los decretos de 2006 a Cliveden surge que éste es un consorcio integrado por Cliveden Petróleo (85%), cuyo presidente era Ricardo Mallo Huergo; Integra Investment (13%), presidida por José Luis Manzano, y Mallo Huergo como director titular, y Kilwee (2%), presidida por Antonio Correia Barrada. Según Lorenzo, Mallo Huergo fue posteriormente presidente de Andes Energía del grupo Vila-Manzano.

En 2008, la UTE se modifica ante Petrominera Chubut y queda integrada por Patagonia Oil & Gas (POGSA) en un 75%, Integra Oil (23%) y Kilwee (2%). Según la documentación que tiene Lorenzo, en abril de 2011 Petro-Saudi, accionista indirecto (66%) de POGSA, y Ashmore Cayman, accionista indirecto (34%) de POGSA, "transfieren a Andes Energía la totalidad de las acciones".

El interrogante que se está planteando en la causa es por qué PAE, con amplia experiencia petrolera, pagó u$s 47 millones por tres áreas marginales que habían pasado por sucesivas sociedades sin encontrarse recursos, y al poco tiempo devuelve los bloques a la provincia sin efectuar reclamos, resumió MinutoUno.com.