En este marco, YPF entregó a la Justicia una copia del contrato con Chevron para el desarrollo del yacimiento Loma Campana, dentro del plazo de tiempo establecido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7. Por su parte, el senador Fernando Pino Solanas, el diputado socialista Rubén Giustiniani y el dirigente de ATE Víctor De Gennaro, entre otros dirigentes políticos, concurrieron esta mañana a las oficinas de YPF en el barrio porteño de Puerto Madero, para que, tal como estableció la Justicia, se les entregue una copia del contrato con Chevron. De acuerdo con lo establecido por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, en la medianoche del lunes se cumplieron los plazos establecidos para que la petrolera estatal entregue una copia del contrato y sus anexos firmados con Chevron, dando cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Al momento de la firma del contrato con Chevron, ocurrido el 16 de julio de 2013, YPF consideraba que no estaba alcanzada por el decreto 1172/2003 que reglamenta el 'acceso a la información pública', posición que había sido refrendada en sede judicial tanto en primera como en segunda instancia", indicó la empresa a través de un comunicado. Sin embargo, indicó que "la decisión de incluir a YPF dentro de este decreto fue adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 10 de noviembre de 2015". De todos modos, la petrolera que preside Miguel Galuccio ratificó que "el acuerdo entre YPF y Chevron había sido suscripto dentro del marco de la Ley de Sociedades Comerciales y que la confidencialidad de sus términos tenía como objetivo salvaguardar información geológica, comercial y financiera, que son de valor estratégico para ambas empresas". "El carácter de confidencialidad de estos términos es de práctica habitual en la industria y forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera realiza en el curso normal de sus operaciones", señaló la compañía. Asimismo, aclaró que "para la aprobación de todos sus contratos cumplió siempre con las normas nacionales e internacionales vigentes". "En este caso, las autoridades a las que se presentó documentación e información fueron la Secretaría de Energía de la Nación, el Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales de Neuquén, la Comisión Nacional de Valores y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, entre otras", precisó YPF. Además, subrayó que la petrolera estatal "es una empresa que cotiza en las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York y, como tal, debe velar por los derechos de sus accionistas, tanto públicos como privados", por lo cual puntualizó que "ve con preocupación el hecho de que se divulgue información confidencial que colocaría a la compañía en una posición desventajosa frente a sus competidores, contratistas y potenciales socios". "Es por ello y en atención a la naturaleza y el valor comercial, industrial, técnico, económico y financiero que posee la documentación", indicó la empresa. En declaraciones a radio Belgrano, Giustiniani indicó que "la Justicia estableció que tiene que ser público el contrato de ambas petroleras porque es una concesión que se le dio a Chevron sin licitación para explotar Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional y la cuarta de petróleo más importantes del mundo". "Es una concesión directa, sin licitación y a 35 años. Espero que no encontremos nada raro, esto debe ser público y la gente tiene que conocerlo para terminar con los secretismos del pasado", subrayó el legislador, quien indicó que "Chevron dejó un pasivo multimillonario en Ecuador y eso nos llama la atención. Nos preocupa el impacto ambiental que genera en Neuquén, donde no sobra el agua y el aspecto económico de esta empresa que llega al país, se lleva millones y no deja nada".