Bolivia recibió US$31.500 millones por renta petrolera entre 2006 y 2015 (desde la nacionalización de los hidrocarburos), de acuerdo con un informe difundido por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El presidente de YPFB, Guillermo Achá, precisó que estos recursos benefician a los gobiernos departamentales, municipales, universidades públicas y el Tesoro General del Estado.

Achá dijo que en los dos últimos años el país recibió 30% menos de renta petrolera, recursos que son obtenidos principalmente por la producción de hidrocarburos y la comercialización de gas natural a Brasil y Argentina.

El funcionario recordó que en la etapa neoliberal, con la vigencia de la antigua Ley de Hidrocarburos que avaló la capitalización y privatización de la industria petrolera, los ingresos para el Estado alcanzaban bajas cifras.

Achá recordó que en la época neoliberal, el sector privado transnacional se llevaba una mayor participación por la comercialización de los hidrocarburos, dentro de un esquema que le otorgaba la propiedad sobre los recursos naturales.

El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, destacó la histórica generación de recursos a partir de la nacionalización de los recursos naturales el 1 de mayo de 2006, hecho al que calificó como "histórico".

Sánchez agregó que los ingresos generados por la renta petrolera en la última década superan por mucho a los obtenidos en el período 1985-2005 (20 años), cuando apenas se obtuvieron US$4.500 millones.

En 2014 Bolivia recaudó más de US$5.400 millones. "Ha sido más que 20 años en otros gobiernos por renta petrolera", agregó.

De acuerdo con los datos de YPFB, en 2014 la renta petrolera alcanzó los US$5.489 millones y fue la más alta desde 2006.

Sánchez sostuvo, sin embargo, que en 2015 la renta petrolera llegó a US$3.200 millones, producto de la caída del precio del crudo, pues el gas que vende Bolivia está indexado a esos precios.

Los ingresos generados por el sector petrolero benefician, en forma directa, a las nueve gobernaciones del país, a los 339 municipios, al sistema universitario público y al Tesoro General del Estado.