Diego Martínez, gerente del Banco Central, informó al noticiario radial Notimundo que el Estado ha pagado ese monto a la petrolera, que corresponde al laudo arbitral por 96 millones de dólares, más intereses.

El pago se da luego de que no prosperara una propuesta de Ecuador para crear una cuenta de garantía para el depósito de esa cuantía, ya que en el país está en vigor una orden de embargo contra los activos de Chevron, que en otro juicio privado fue condenada a pagar 9.500 millones por graves daños ambientales en la Amazonía.

El jueves, la Procuraduría de Ecuador (Defensa del Estado) advirtió de la negativa de Chevron a dialogar sobre la situación del pago de los 96 millones de dólares.

Aunque la Procuraduría ratificó la intención de pago por parte del Estado andino, recordó que la justicia ecuatoriana ordenó el embargo de todas los activos que la compañía posea en el país para cubrir la multimillonaria condena ambiental en la Amazonía.

Martínez ratificó que hoy el Estado pagó el valor del “contingente legal a la petrolera Chevron”, aunque expresó su desacuerdo con la manera cómo se manejan los tribunales arbitrales internacionales y los tratados bilaterales de inversión.

“No nos gusta ese esquema y es por eso que no estamos a favor de los tratados bilaterales de inversión”, señaló Martínez a Notimundo.

Para él, “esto es el resultado de todas esas novelerías que se firmaron en los años noventa, que ponían al país en condiciones de ser demandados por actores privados”.

La Corte Suprema de Estados Unidos, sobre un proceso arbitral iniciado por la petrolera, obligó a Ecuador a pagar 96 millones de dólares por un caso de “denegación de justicia”, por unos juicios comerciales que no prosperaron durante el tiempo en que la petrolera operó en el país, entre 1964 y 1992.

La decisión del Supremo de EE.UU. se basó en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) que entró en vigor en 1997, cinco años después de que la petrolera abandonara el país, por lo que Ecuador calificó “desacertado” el fallo al considerar que no podía aplicarse ese instrumento de manera retroactiva.

Este caso arbitral, conocido como “Chevron II”, es distinto a otro proceso que llevan adelante colonos e indígenas de la Amazonía ecuatoriana, quienes acusan a la petrolera de haber generado graves daños ambientales, sociales y humanos en la región.

La justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, pero la compañía se resiste a pagarlos por considerar que fue víctima de una supuesta trama de fraude y complot por parte de los abogados que patrocinan a los demandantes amazónicos.