En una entrevista en sus oficinas en Río de Janeiro, Parente también dijo que Petrobras seguirá adelante con la venta de una participación en su unidad de combustibles, BR Distribuidora, como parte de la desinversión de US$34.600 millones en activos no básicos para finales del 2018.

Expertos del sector, sin embargo, han expresado su preocupación de que las cuestiones legales en Estados Unidos puedan obstaculizar los esfuerzos de Petrobras para recortar su deuda de US$125.000 millones, la más grande de la industria petrolera.

Inversores demandaron a Petrobras en Nueva York, acusándola de encubrir un esquema de corrupción y de publicar cuentas engañosas. Ellos creen que la corrupción y la mala gestión ayudaron a destruir casi US$200.000 millones de valor para los accionistas de la empresa desde el 2008.

Los abogados de los demandantes buscan miles de millones de dólares en compensación -aunque no han especificado una cifra exacta- y Petrobras también podría enfrentar el pago de US$1.600 millones por un arreglo extrajudicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Sin embargo Parente, designado como CEO en mayo por un nuevo gobierno de centroderecha, cree que la culpa de la corrupción recae en los políticos y ex ejecutivos que no sólo perjudicaron a los inversores, sino también a la propia firma.

"Somos una víctima", dijo Parente a Reuters. "No entendemos o reconocemos que debamos pagar una cantidad relevante".

Petrobras redujo su inversión planeada en un 25 por ciento bajo el nuevo plan a cinco años revelado el martes. "El futuro de Petrobras está asegurado con este plan", sostuvo Parente. "No vemos que esta cuestión (legal) tenga el poder de proyectar una sombra sobre el futuro de la empresa", agregó.