Para revertir el elevado déficit energético que sufre Argentina, el presidente liberal Mauricio Macri apuesta, entre otros proyectos, a desarrollar un yacimiento no convencional clave como Vaca Muerta, que para despegar necesita multimillonarias inversiones, en parte condicionadas por la conflictividad laboral.

Por eso el Gobierno busca cerrar un nuevo acuerdo con uno de los gremios más fuertes del sector, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de (las provincias patagónicas de) Neuquén, Río Negro y La Pampa, con el que pretende flexibilizar los contratos laborales de la dinámica exploración de hidrocarburos no convencionales.

"Las negociaciones (por el nuevo acuerdo laboral) están avanzadas, diría que en un 80 por ciento, pero el gremio no va a ceder en lo que significaría una precarización laboral", dijo Guillermo Pereyra, secretario general del sindicato y senador nacional por la provincia de Neuquén.

Muchos empresarios de la industria señalan que la productividad laboral es baja en Argentina debido a las trabas que imponen los sindicatos, que se fortalecieron gracias a las concesiones que recibieron desde el 2010, en épocas en que el barril de petróleo cotizaba a más de US$100.

"Llegamos a tener tal nivel de paros y conflictos que directamente no podíamos trabajar", dijo un directivo de una empresa de energía que opera en la Patagonia, en condición de anonimato. "Si estás evaluando invertir acá y ves los convenios colectivos de trabajo, decís 'es imposible invertir acá'".

Vaca Muerta, una formación de unos 30.000 kilómetros cuadrados en la Patagonia argentina, alberga una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales. En gran parte, aún se encuentra inexplorada.

Protestas y productividad. La petrolera más grande de Argentina, YPF, que es controlada por el Estado, también sufrió paros que afectaron su producción en el 2016.

"Continuamos proyectando una producción estable para este año, pero podría verse afectada negativamente si hay más conflictos laborales", dijo Daniel González, director financiero de YPF, en una charla con inversores tras presentar los resultados del segundo trimestre de este año.

Los altos costos laborales no derivan solo de los salarios o las huelgas que lanzan los trabajadores, sino también de las presiones que sufren las empresas para mantener el personal estable pese a los bajos precios actuales del petróleo.

El directivo, que prefirió que no se revelara su identidad, dio un ejemplo: algunos de los equipos modernos de perforación solo requieren de 16 obreros, pero las amenazas de los sindicatos de detener la producción obligaron a las empresas a mantener la dotación de 25 trabajadores que era usual con la tecnología vieja.

Otra fuente del sector, que pidió no ser nombrada por temor a represalias de los sindicatos, aseguró que hay empresas petroleras con tasas de ausentismo del 60%.

Las firmas petroleras tienen también un gasto extra de aproximadamente el 10% del costo de perforación de un pozo comprendido en un ítem denominado "paz social", un subsidio para los empleados que actualmente están sin trabajo por el bajo precio del crudo a nivel mundial.

"Las empresas que ya están se van a quedar, pero en estas condiciones no van a venir nuevas empresas a invertir. Los que se pueden ir se van", indicó la fuente.

Debido a la alta conflictividad laboral, una pequeña empresa que opera en la Patagonia -donde están los principales yacimientos del país- y pidió no ser mencionada buscó vender sus activos en diciembre pasado, pero no recibió ninguna oferta.

Bob Dudley, presidente ejecutivo de la petrolera BP, dijo en septiembre en una entrevista con Reuters que le gustaría ver en Argentina mejoras en la infraestructura para reducir costos de producción y también más flexibilidad laboral.