El programa de Estándares de Combustibles Renovables (RFS, por sus siglas en inglés) firmado por el ex presidente George W. Bush, es una de las políticas energéticas más controvertidas del país, ya que requiere que las empresas de energía mezclen etanol y biodiésel en la gasolina y el diésel.

La política fue diseñada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, recortar la dependencia de Estados Unidos de las importaciones de petróleo e impulsar las economías rurales que proporcionan los cultivos para elaborar biocombustibles.

La medida ha enfrentado a dos de las bases de apoyo de Trump: las grandes petroleras y las más importantes firmas agrícolas.

El sector agrícola ha presionado mucho para elevar los volúmenes máximos de biocombustible que se establecen en la ley para la mezcla con los combustibles tradicionales, mientras que la industria petrolera argumenta que el programa crea costos adicionales.

Equilibrar los intereses de los sectores petrolero y agrícola probablemente sea un desafío para Trump, quien ha prometido reducir las regulaciones sobre la industria del crudo.

Pero los defensores de los biocombustibles ya están recordándole la importancia del programa para la zona central de Estados Unidos, donde el 8 de noviembre el magnate inmobiliario logró un fuerte apoyo.

Los grupos petroleros están renovando sus llamados para cambiar o revocar el programa luego del anuncio del miércoles, cuando la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) estableció exigencias récord para los combustibles renovables.

El plan de la EPA está "completamente desalineado de la realidad del mercado y confirma una vez más que el Congreso debe tomar medidas inmediatas para remediar este programa inservible", dijo Che Thompson, presidente de los fabricantes estadounidenses de combustibles y petroquímicos.

No está claro cuáles serán los planes de Trump para el programa y su equipo de transición rechazó hacer comentarios.