La iniciativa surge tras las críticas que formuló el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, al banco estadounidense por facilitar liquidez al Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusan de dictador.

"Quiero solicitar al Congreso de los Estados Unidos que abra una investigación al banco Goldman Sachs y a los intermediarios que hayan participado de esa operación y determine según las leyes de ese país la responsabilidad penal y administrativa que pueden tener", dijo en el hemiciclo el diputado Ángel Alvarado.

La petición fue aprobada por la mayoría de los asambleístas. El poder legislativo también adelantará una investigación local con "especial atención" a la actuación del exdiputado del partido oficial, Ricardo Sanguino, actual presidente del Banco Central, institución que tenía los bonos en su portafolio.

"Que le quede muy claro a Goldman Sachs, a los intermediarios, y a cualquier agente internacional (...) estos son bonos de sangre, que no solamente no serán reconocidos, sino que también serán investigados y considerados cómplices de la dictadura y de la corrupción", dijo el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, quien presidió la sesión.

La oposición critica, además de la falta de transparencia de la operación que trascendió por los medios, el descuento con el que se vendieron los bonos, que habría sido de un 69 por ciento sobre el valor nominal de los papeles.

Goldman Sachs confirmó el lunes la operación, que se produjo mientras se desarrolla una ola de protestas contra el Gobierno socialista de Maduro.

"Compramos estos bonos, que fueron emitidos en 2014, a un corredor en el mercado secundario y no interactuamos con el gobierno venezolano", apuntó Goldman en el comunicado, sin ofrecer detalles del precio y actores de la operación.

"Reconocemos que la situación es compleja y en evolución y que Venezuela está en crisis. Estamos de acuerdo en que la vida allí tiene que mejorar, e hicimos la inversión en parte porque creemos que así será", agregó.

MANIFESTACIONES DE CALLE

Borges hizo público un segundo comunicado en reclamo a Goldman Sachs donde le advierte que "sus altos ejecutivos no pueden maquillar este acuerdo" e insiste en que abrirán una investigación para evaluar si un próximo Gobierno debe "reconocer o pagar" esos bonos.

El banco estadounidense no ofreció detalles de la transacción, pero según una fuente familiarizada con el acuerdo, Goldman compró los bonos de la firma Dinosaur Financial Group. El diputado Alvarado dijo que esta firma "poco conocida" habría servido como enlace entre el Banco Central y Goldman.

También afirmó tener información de que la operación arrojó una comisión de unos 300 millones de dólares cobrados por el intermediario, lo que calificó como un "daño patrimonial" para el país.

Una persona que atendió una llamada a las oficinas de Dinosaur en Nueva York indicó que la firma no haría comentarios sobre este tema, antes de colgar el teléfono.

Los títulos PDVSA 2022, que desde 2014 habían permanecido en la cartera de inversión del Banco Central, comenzaron a cotizar en el mercado internacional el lunes.

Funcionarios del equipo de Maduro celebraron el acuerdo financiero con Goldman Sachs como una muestra del respaldo y confianza que tienen actores en el mercado sobre los entes públicos que administra el Gobierno socialista.

Entre tanto, decenas de manifestantes se concentraron a las afueras de la sede de Goldman Sachs en la ciudad de Nueva York en rechazo a la reciente adquisición de bonos venezolanos.

"Al otorgar 900 millones de dólares a una dictadura, están financiando las sistemáticas violaciones de derechos humanos", dijo Eduardo Lugo, un estudiante venezolano de 23 años.

Algunos de sus compañeros, portando banderas como en las protestas de la oposición en Venezuela, cantaban: "Qué vergüenza Goldman Sachs".