La nueva ley petrolera que promueve Nación y por estas horas está bajo análisis de los gobernadores, prohibirá la reserva de áreas y ordenará que se realicen licitaciones competitivas a la vieja usanza, donde gana quien más dinero promete invertir para exploración de un bloque. Además, indica que se deberán establecer condiciones uniformes entre todos los distritos a la hora de elaborar los pliegos.

Estos son algunos de los puntos más calientes del borrador que se llevaron los gobernadores de la reunión del lunes en Olivos. "Río Negro" accedió a algunos fragmentos del mismo, que en términos generales busca convertir en norma el decreto 929, mejor conocido como "decreto Chevron", aunque se muestra más laxo en cuanto a los requisitos: ahora, las empresas que inviertan desde 250 millones de dólares podrán acceder a beneficios como la disponibilidad libre de parte de su producción petrolera y la posibilidad de girar dividendos a sus casas matrices.

La nueva ley buscará establecer un mecanismo único de licitación para ordenar el ingreso de empresas a Vaca Muerta. En el camino, entonces, quedarán las petroleras provinciales como GyP, cuyo modelo de negocio basado en la administración de áreas cedidas por el Estado y los contratos de carry quedará descartado (ver aparte).

Nada dice el texto, en cambio, del canon inicial. Seguramente será un tema de debate en la semana antes de firmar el acuerdo definitivo el lunes que viene.

La idea unificar criterios tiene como autor intelectual al CEO de YPF, Miguel Galuccio, que busca allanar el camino para el arribo de inversores. Por eso la normativa buscará unificar los pliegos de licitación de áreas, algo que necesariamente requerirá el aval de las Legislaturas locales ya que su elaboración es atribución de las provincias.

Reforma promercado

En sintonía con el reclamo de Galuccio, la nueva ley será más promercado. Sobran muestras de ello en el borrador.

Por un lado, al incorporar el "decreto Chevron", se le garantizan a las empresas condiciones como la libre disponibilidad del 20% del petróleo a partir del quinto año del proyecto y la posibilidad de girar el exterior los dólares que provengan de la eventual exportación de petróleo.

Pero el texto también incorpora un punto clave para las provincias: el nuevo plan gas. El programa que llevó el millón de BTU a 7,5 dólares, ahora será ley y con ese aval perderá discrecionalidad.

A su vez, el borrador replica las políticas de Responsabilidad Social Empresaria. El 0,5% de las inversiones irán a un fondo que manejarán las provincias. El 1%, en tanto, volverá a las provincias desde Nación a modo de obras, en un esquema similar al de los 1.000 millones prometidos por la Rosada tras el acuerdo con Chevron.

Una herida para GyP

De prosperar el esquema de ley que se plantea en el borrador, el modelo de negocios que hasta ahora acuñó la petrolera provincial GyP quedará en terapia intensiva.

En principio, la provincia ya no podrá asignarle más áreas como venía haciendo hasta ahora. La firma posee 77 áreas que son por lejos su mayor capital. En 54 de ellas ya tiene contratos y su participación allí vale unos 1.400 millones de dólares.

A partir de ahora, ya no podrá concentrar más bloques. Y resta esperar qué se decidirá hacer con los que obran bajo su poder pero no tienen contrato de exploración. Ya hay quienes especulan que deberán ser devueltos a la provincia para ser licitados de forma convencional.

Por otro lado, desaparecerá el carry, así que si GyP decide participar del juego, deberá hacerlo poniendo su parte de la inversión, algo difícil para una empresa cuya caja aún es reducida. Le quedan sólo dos caminos para conseguir fondos: pedir un préstamo o emitir acciones.