El plenario de la Cámara alta, a cargo del senador kirchnerista Marcelo Fuentes, despachó la propuesta oficial sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por la Casa Rosada con acuerdo de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).

Tras una reunión que se extendió por más de seis horas, la oposición manifestó su rechazo, ya que advierten que el Gobierno busca alzarse con la recaudación de la renegociación de los contratos de los yacimientos concesionados que habilita el texto para el año próximo.

Según confirmó el senador Miguel Ángel Pichetto, el oficialismo debatirá el proyecto en el recinto el próximo miércoles en una sesión especial.

Desde el bloque de la UCR van a presentar un dictamen de minoría con un proyecto alternativo. A su vez, adelantaron que este jueves los legisladores nacionales van a debatir en el Comité Nacional con las autoridades del partido para reafirmar la postura.

La propuesta oficial

El objetivo que el Gobierno se propuso con la actualización de la ley petrolera actual es atraer nuevas inversiones para explotar el potencial no convencional del país y así poder subsanar los gastos en importación de combustibles por lo no producido.

Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación.

La nueva norma habilitaría 25 años para los yacimientos convencionales, 35 años para los no convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.

Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.

Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.

Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.

También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.

Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.