Poco menos de dos horas le llevó a la presidenta Cristina Kirchner eliminar las quejas de los gobernadores de las provincias petroleras contra la propuesta en la que desde diciembre trabaja su equipo energético.

Minutos antes de las 18.20, en la quinta de Olivos, con la presencia de los 10 gobernadores de los estados productores de crudo y gas y escoltada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich ; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini ; el ministro de Planificación, Julio De Vido ; el de Economía, Axel Kicillof , y el presidente de YPF, Miguel Galuccio (uno de los grandes apologistas del cambio normativo), la Presidenta tomó la palabra.

Habló en términos conceptuales, pero se volvió muy precisa cuando se refirió al déficit energético. Lamentó con vehemencia que salieran del país 10.000 millones de dólares al año por importaciones de gas y combustibles. Reclamó que se explore en busca de petróleo en cada rincón de la tierra y el mar. E instó a los gobernadores a acompañar la sanción de una nueva ley de hidrocarburos que, según la mirada oficial, redundará en mayores inversiones. La misma norma también limitará el poder de decisión de los mandatarios provinciales sobre los recursos.

Los gobernadores apenas pudieron resistir la avanzada. Por la mañana los había recibido De Vido. Salieron del encuentro con caras largas. Por la tarde, todos aceptaron avanzar en una nueva ley. Acordaron, apenas, llevar sus propias propuestas a una nueva reunión que se desarrollará el lunes próximo.

Al final del encuentro, en una breve conferencia de prensa de la que participaron los gobernadores miembro de la Ofephi (la organización que reúne a las provincias productoras de hidrocarburos), su presidente, Martín Buzzi, caracterizó el encuentro como muy positivo. "El Gobierno nos hizo llegar una propuesta orientada fundamentalmente hacia el petróleo no convencional, hacia la recuperación terciaria y hacia los petróleos más pesados", resumió. Estuvo secundado por Jorge Sapag (Neuquén), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), Francisco "Paco" Pérez (Mendoza) y Daniel Peralta (Santa Cruz), entre otros.

La nueva ley de hidrocarburos en la que trabaja el Gobierno implica un golpe de timón con respecto a la política del kirchnerismo en ese sector. El proyecto que enviará el Gobierno al Senado contemplará diversos beneficios para las empresas. Entre ellos, una baja en los derechos de importación para equipamiento petrolero, la autorización para exportar hasta 20% de su producción sin gravarlo con retenciones y la libre disponibilidad de los fondos que esas operaciones generen, todos beneficios que hoy no obtiene en la práctica casi ningún sector.

Son los mismos que le otorgó al sector la presidenta Cristina Kirchner a través de los decretos 927 y 929, en la víspera de que se concretara la asociación de la norteamericana Chevron con YPF, considerados fundamentales para ese acuerdo.

Las provincias, en tanto, deberán ceder la capacidad que tenían hasta ahora para confeccionar licitaciones de áreas petroleras de acuerdo con su criterio, y tendrán que subordinarse, si la iniciativa prospera, al modelo que estará contemplado en la ley nacional. Eso implica, de acuerdo con las bases que quedaron asentadas ayer, que los gobernadores deberán priorizar la oferta de inversión de las empresas interesadas y las metas de producción, antes que otros criterios.

Entre ellos, la eventual participación en el proyecto que podrían darles a empresas provinciales, un modelo que los gobernadores desarrollaron con el estímulo del ex presidente Néstor Kirchner. Es uno de los golpes más duros para las provincias, que en algunos casos habían logrado morder parte de la renta del negocio mediante la participación en iniciativas con empresas más grandes.

Sapag, cuya empresa provincial, Gas y Petróleo del Neuquén, cerró convenios con empresas internacionales para producir petróleo y gas en sociedad, aclaró el punto. "Las empresas provinciales van a participar en los proyectos en un plano de igualdad, haciéndose cargo de la inversión si es necesario", explicó. Dedicó su tono más vehemente a garantizar que la nueva ley no afectará "derechos adquiridos". Un mensaje para socios de GYP como Exxon, Shell y la alemana Wintershall, con operaciones en esa provincia.

Los gobernadores, además, deberán resistir el impulso a modificar los impuestos del sector petrolero. Irán hacia un esquema donde las regalías que cobran las provincias no podrán superar el 12% ni el impuesto a los ingresos brutos, el 3%.