Una empresa moderna, rentable, robusta y preparada para participar en el desarrollo energético del país de manera protagónica y viable. Esa es la Enap a la que aspira el gobierno de Michelle Bachelet y en cuyo modelo ha estado trabajando en la segunda parte de este año. El Ejecutivo está en la etapa final de elaboración del proyecto de ley que reformará el gobierno corporativo de la petrolera estatal, un anhelo largamente esperado que estuvo, incluso, en los planes de la primera administración Bachelet y que busca otorgarle a la firma mayor independencia en su operación, modernizar su estructura y dotarla de un directorio profesional.

El gobierno planea ingresar el cuerpo legal al Congreso a fines de este mes. “Tenemos acuerdos en la parte conceptual y el compromiso de someter el proyecto de ley a Su Excelencia antes de fin de año. Y eso se va a cumplir”, adelanta el ministro de Energía, Máximo Pacheco. Destaca que el texto que se está trabajando es fruto de un  “proceso de diálogo constructivo y fluido de varios meses, en que se ha trabajado con el equipo de Enap, con los sindicatos de trabajadores y supervisores de la empresa, con Hacienda y Energía”.  

Con este cambio, la autoridad estará homologando la dirección y gestión de la empresa pública a las exigencias que debe cumplir Chile como miembro de la Ocde: dotar de mayor independencia a la dirección y gestión de las compañías estatales respecto de la administración política de turno. “El gobierno está cumpliendo con los compromisos que el país adquirió cuando ingresó a la Ocde, en el sentido de ir adecuando los estándares de los gobiernos corporativos de las empresas donde el Estado tiene participación”, precisa Pacheco.   

Un paso relevante dio antes Chile con Codelco, con la Ley 20.392 que reformuló el gobierno corporativo de la firma, promulgada en noviembre de 2009.

Si bien la fórmula de gobernance que hoy impera en la minera estatal es una inspiración para lo que se quiere hacer con Enap, el texto que el Ejecutivo está ultimando tiene matices respecto del esquema implementado en la cuprera. “Hacer un copy paste sería impropio. Aspiramos a haber aprendido de lo que ha sido la experiencia de Codelco”, sostiene el secretario de Estado.  

En marzo de 2014, el gobierno retiró del Congreso el proyecto de ley que había ingresado la administración de Sebastián Piñera para reformular el gobierno corporativo de Enap. “Creemos haber perfeccionado ese proyecto”, asegura Pacheco.     

El nuevo directorio   

La actual mesa directiva de Enap está integrada por Pacheco, quien la preside; Eduardo Bitran y María Isabel González, designados por Corfo; Fernán Gazmuri, representante de Sofofa; Alejandro Jadresic, de Sonami; Carlos Carmona, por el Instituto de Ingenieros de Minas, y Jorge Fierro, presidente de la Federación de Trabajadores del Petróleo.    

La ingeniería conceptual y las principales definiciones del proyecto se han trabajado en reuniones semanales en el Ministerio de Energía. El equipo técnico de Hacienda ha sido liderado por Enrique Paris, mientras que el de Energía, por el propio ministro Pacheco. La posición de los trabajadores de la petrolera también ha sido incorporada a través de la participación de Fierro en las reuniones de trabajo.  

La propuesta que hasta ahora se ha estado trabajando estipula que el directorio mantendrá su actual número de integrantes. De ellos, dos serán nombrados directamente por el Presidente de la República, uno en representación de Hacienda y otro de Energía. Otros cuatro saldrán de ternas que elaborará el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP), y uno será escogido en representación de los trabajadores de Enap, que será electo de una votación en la que participarán los 2.800 trabajadores que agrupa la Federación de Trabajadores y los 700 que aglutina la Federación de Profesionales.   

“Se trata de una mesa directiva donde se propone eliminar la figura de los representantes de Corfo y de los gremios”, sostiene un integrante de la mesa tripartita de trabajo. Otro integrante acota: “Si bien será un directorio más independiente, de todas maneras habrá un componente político, dado que se trata de una empresa estatal que tiene un rol estratégico para el país en materia energética”. 

Los nuevos miembros del directorio de la petrolera durarán cuatro años en sus cargos y serán renovados aleatoriamente. 

Y, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, será el mismo directorio el que designe al gerente general. “Esto generará una Enap con un modelo de gestión más independiente del gobierno de turno, ágil en la toma de decisiones y más fácil de adaptarse a los cambios del país y de los negocios en los que participa”, sostiene un integrante de la mesa directiva actual. 

Si bien no está contenido dentro del proyecto de ley que se ha conversado, quienes han trabajado en la elaboración de la iniciativa comentan que la idea del Ejecutivo es que la nueva mesa directiva, una vez asumida, mandate a la gerencia general  para elaborar un plan de negocios a tres o cinco años, el que sería revisado anualmente. 

El objetivo, explica un integrante del equipo técnico, es que la administración de la compañía proyecte las inversiones futuras, resultados y necesidades de capitalización de Enap. “Eso permite generar un análisis más profundo sobre la visión que tiene la empresa a futuro”, comenta el profesional. 

Quienes han trabajado en la propuesta que presentará el gobierno afirman que Hacienda actualmente está afinando los detalles jurídicos del proyecto que presentará a la Presidenta Bachelet antes de ingresarlo al Parlamento.   

Capitalización  

La reforma al gobierno corporativo de Enap irá de la mano de la capitalización de la compañía a la que se comprometió el gobierno.

En mayo de 2014, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, anunció que dentro del proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo se incluirían los US$ 400 millones con los que el gobierno capitalizará a la Enap. El ministro Pacheco reconoce que “la capitalización viene establecida en la Agenda de Energía y así lo prometió la Presidenta”.  

Los trabajadores confían en que el gobierno “honrará ese compromiso”, dice Jorge Fierro. Sería, explica, una señal para reforzar los buenos resultados de la compañía, con utilidades por US$ 240 millones a septiembre y un Ebitda por US$ 665 millones; además, dice Fierro, “contribuiría a financiar el plan por                 US$ 700 millones que tiene contemplado la empresa invertir en 2016 en exploración y producción de petróleo y gas, y en modernizar las refinerías  para mantener su competitividad”.  

“Hay un compromiso del gobierno de enviar el proyecto en diciembre y un compromiso nuestro de empezar la tramitación en enero”, comenta el senador UDI Alejandro García-Huidobro, integrante de la Comisión de Minería y Energía.  

En el gobierno están conscientes de que la tramitación parlamentaria no se vislumbra fácil. “La principal dificultad es que tenemos una agenda legislativa bien intensa y recargada”, admite Pacheco. 

No obstante, en el Ejecutivo esperan tener el proyecto de ley despachado desde el Congreso en 2016.