Este martes se reunirán en Buenos Aires los gobernadores de las diez provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Allí le darán la última revisión al borrador que la semana pasada se llevaron de Casa Rosada el chubutense y presidente de la Ofephi, Martín Buzzi, y su par neuquino, Jorge Sapag, y que en los últimos días fueron distribuyendo entre el resto de los mandatarios.

Esta mañana, el gobernador Martín Buzzi repasó -en una rueda de prensa en Rawson- que "nosotros planteamos cuatro temas, que son regalías, el bono de participación del Estado cuando se renueva un contrato, que en la cuestión del ambiente no se meta el Estado nacional sino que sea un atributo exclusivamente manejado por el Estado provincial y la participación de la empresas provinciales en la extensión de los contratos. Mientras se respeten esas cuatro cosas vamos para adelante".

El mandatario anticipó que “hay un muy bien ambiente para poder avanzar" y recordó que "las regalías las llevamos del 12 al 16%".

Asimismo, indicó que "la situación del seguimiento ambiental tiene que hacerla el Estado provincial; no es un asunto que pueda resolver Nación. Las herramientas están mucho más fuertemente en el Estado Provincial".

"Cubiertos estos cuatro elementos, que fueron la base de nuestros niveles de decisión e independencia económica, nos permite trabajar y acompañar una iniciativa", determinó el gobernador.

Si bien el Poder Ejecutivo ordenó no filtrar la redacción final de la ley, las provincias se quedarían con el control absoluto de las licitaciones e incluso, tendrían participación directa en la creación del “pliego modelo”.

Desde el Gobierno de Neuquén soltaron las mismas impresiones. Este dato es clave, ya que si Buzzi y Sapag aceptan formalmente la última versión de la ley, algo que también estaría aceptando el gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, el expediente quedará listo para ingresar al Congreso.

En el resto de las provincias que integran la OFEPHI acuerdan con el marco regulatorio y promocional para la producción petrolera y, además, tienen menos en juego que estos tres mandatarios, ya que prácticamente no poseen en sus territorios reservas de hidrocarburos no convencionales, cuya explotación es el principal objetivo de la ley.