El Gobierno presentó ante las empresas petroleras con actividad en el país el borrador del proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos. El documento contiene cambios con respecto a la iniciativa original, entre los cuales se destaca que la eliminación del contrato compartido con carry (acarreo) entre la empresa privada y la provincial sólo regirá para las nuevas adjudicaciones de áreas a explotar y no para todos los proyectos. Ese cambio está más en línea con los intereses de los gobernadores de las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). “El país está ante una oportunidad histórica para atraer inversiones para desarrollar el potencial hidrocarburífero y lograr el autoabastecimiento energético”, señaló el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio. Varias empresas privadas apoyaron la iniciativa oficial.

La reunión fue encabezada por los ministros de Economía, Axel Kicillof; de Planificación, Julio De Vido; el secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Carlos Zannini, y la secretaria de Energía, Mariana Matranga. Además de Galuccio, por el lado empresarial dieron el presente representantes de Total, Exxon Mobil, Sinopec, Tecpetrol, Pluspetrol, Roch, Medanito, CGC, Wintershall, Petrobras, Enap-Sipetrol, Chevron, Entre Lomas, PAE, Wintershall, Petrolera Pampa y Capsa.

El diagnóstico del Gobierno es que la Ley 17.319, que regula la actividad en la actualidad, está desactualizada porque “no contempla las necesidades de la explotación no tradicional, como el shale-gas y el off-shore”, indican fuentes oficiales. El objetivo del proyecto de ley es “maximizar las inversiones e incrementar las reservas y la producción”, y se suma a otras iniciativas que apuestan a concretar esa meta, como la mejora en los precios para la cadena de valor de los hidrocarburos y el acuerdo de pago a Repsol por la expropiación de YPF.

El proyecto propone reducir los plazos de permisos exploratorios y definir un sistema de “licencias competitivas”, sin reservas de áreas. En ese punto aparecen los cambios en la modalidad de acarreo, que permite a las empresas provinciales asociarse en los proyectos sin necesidad de invertir dinero. Fuentes oficiales indican que el proyecto de ley elimina esa imposición pero sólo para los contratos todavía no firmados. “Para lo que ya está cerrado, en todo caso se renegociarán los términos del contrato entre las empresas y las provincias”, señalan.

El Gobierno también propone adecuar los plazos para las concesiones no convencionales y off-shore, la prórroga de 10 años para concesiones existentes y la uniformidad impositiva en regalías (del 12 por ciento), Ingresos Brutos (3 por ciento) y en el Impuesto a los sellos. Para las explotaciones off-shore, ofrece el 60 por ciento de libre disponibilidad del recurso extraído. El proyecto prevé la reducción de las regalías provinciales para la recuperación terciaria en los yacimientos más antiguos, la instalación de un régimen especial para importaciones de equipos e insumos y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. También se levantan las restricciones al número de permisos y concesiones para una misma empresa. Esos cambios se materializarían a través de la modificación de 14 artículos y la incorporación de otros 4. También se promueve la aprobación de una legislación ambiental uniforme en todas las provincias.

“Estamos en un momento histórico en el cual los países con tradición petrolera están revisando sus estrategias y potencialidades, en un contexto global en donde las reservas convencionales declinan. Después de Estados Unidos, la Argentina es el segundo país en poner en desarrollo los recursos no convencionales, que pueden ser la clave del desarrollo energético futuro. Si no aprovechamos esta oportunidad, podemos quedarnos afuera del flujo de inversiones, y nos resultará muy difícil revertir la declinación productiva de nuestros yacimientos”, consideró Galuccio.

La iniciativa oficial recibió el apoyo de varias empresas privadas. “Una ley como la propuesta sancionada por el Congreso es fundamental para dar previsibilidad y elevar el nivel de inversiones de muy largo plazo que se requieren para la producción de gas y petróleo no convencional, dado el potencial del recurso en el yacimiento Vaca Muerta”, indicó Tomas Hess, director de Asuntos Corporativos de Exxon Mobil Argentina. Desde Sipetrol señalaron que “la nueva ley abre espacio para nuevas inversiones”. “Estamos enfrente de un reto que necesita de inversiones muy importantes y que requiere un marco regulatorio favorable. Vemos positivos aquellos proyectos que apuntan a favorecer las inversiones y a dar mayor predictibilidad y visibilidad a los inversores”, agregaron.

“Esto es el punto de partida para un shock de inversiones en el sector que contribuirá a recuperar las reservas y la producción de petróleo y gas”, consideraron desde Tecpetrol, mientras que Ricardo Chacra, de la empresa Roch, dijo que “no hay dudas de que este acuerdo beneficia a todos”.